EL CASCABEL AL GATO I

EL CASCABEL AL GATO I

CAPÍTULO I

EL SECRETO

 

"LA COSA NUESTRA"

Pareciera que la cosa esta de la fiscalidad fuera cosa de todos, aunque solo sea porque  así lo  establece  la Constitución.  Pero  como iremos desgranando, al final resulta que   es más  cosa de unos pocos  que erigiéndose en nuestros “protectores” acaban como aquellos déspotas ilustrados  de antaño, haciéndolo  todo por nosotros pero sin nosotros, convirtiéndose, a la postre,  en administradores de “LA COSA NUESTRA”

Dice el refrán popular que “todos los caminos llevan a Roma”. Pues bien, decimos nosotros, que todos los caminos, si son oscuros, llevan a Sodoma.

Pero como diría “Jack el destripador”, vamos por partes.

Hablamos  de oscuridad  porque resulta notorio, por reiterado y reconocido por magistrados  e inspectores tributarios, que determinadas  normas  que regulan el desarrollo de la Hacienda Pública son en la práctica SECRETAS. ¿Secretas?, sí, sí, secretas.  ¿Pero como va a ser eso? ¿Es que nos hemos vuelto locos? En absoluto.

El prestigioso  Magistrado de la sala de los Contencioso Administrativo  de la Audiencia Nacional, Francisco José Navarro Sanchís, en un artículo de prensa publicado por el periódico de tirada nacional “El Economista”[1],decía con cierta gracia  y, la agudeza que le caracteriza, que existen tres secretos  impenetrables para el común de los mortales, a saber:  las claves del maletín nuclear de la Casa Blanca, la formula de cierta bebida refrescante de  Atlanta y la retribución de los inspectores de Hacienda.

¿La retribución de unos funcionarios secreta? Que sí, hombre, que sí, secreta. Que lo dicen   altos representantes de la magistratura del Estado e inspectores de Hacienda.

Qué falta nos hace, de una buena vez, una Ley de transparencia como existe en  toda Europa. 

LO CRITICAN HASTA LOS PROPIOS INSPECTORES

Como corroboración de nuestra    tesis, y a modo de ejemplo, existe una demanda interpuesta por una inspectora de tributos de la Agencia Tributaria en Canarias, es decir una de las “ beneficiarias” del BONUS, (que es así como se le denomina en la jerga interna de la Administración al incentivo a la productividad que percibe la inspección  por realizar su trabajo). En la sentencia que resuelve la demanda ya dicha, se afirma  con toda rotundidad y, en sede de la Sala de lo contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias[2],  que “Dª Leticia”, inspectora de tributos, demanda a la Agencia Tributaria por utilizar   normas secretas, que no se publican  en diario oficial alguno y que regulan los derechos laborales de los funcionarios adscritos a la inspección. Sí, sí, así, sin despeinarse.

Pero como no hay dos sin tres y,  por si fuera poco, además de otros muchos Tribunales Superiores ( Cantabria, Canarias, Asturias),  es la Audiencia Nacional a instancia del Sindicato Independiente de la Agencia Tributaria en sentencia, contra la que no cabe recurso (considerada por el sindicato como “ histórica”),  la que condena y anula la resolución firmada por el presidente de la AEAT  sobre incentivos a la productividad (BONUS)  por considerar, entre otras razones, que las normas reguladoras fueron establecidas sin contar con los sindicatos, es decir, una vez más, de espaldas y a oscuras.  Nuevamente  como   déspotas ilustrados,  todo para los funcionarios pero sin los funcionarios.

Dicen que hacen falta tres puntos para determinar un plano, pues ya tenemos el plano, ¿pero el plano de qué?  Pues como más adelante se indicará, el plano del “tesoro” al que se sigue llamando BONUS.

Llegados a este punto, esta situación incuestionable nos lleva a las siguientes reflexiones como ciudadanos de a pie: ¿Pero qué broma es esta? ¿Pero quiénes se creen que son? ¿Qué mecanismo psicológico o cultural les ha llevado a pensar que  pueden actuar de esta manera? Sus  subordinados, inspectores de tributos para más señas ¿Qué pedagogía están recibiendo? Desde luego  sin duda están creando escuela.   ¿De verdad la DEMOCRACIA, sinónimo  de transparencia, ha llegado a esta zona de la Administración? Su comportamiento claramente despótico y autoritario hace recordar otros tiempos, que algunos en nuestra candidez, considerábamos superados. Si esto lo hacen frente a sus propios funcionarios, si esto lo hacen frente a la propia inspección, ¿que podemos esperar los contribuyentes de base? Para echarse a temblar.

DENUNCIAS SÍ, PERO EN EL SENTIDO EQUIVOCADO

¿Es que nadie denuncia? ¿Es que nadie directamente afectado se revela? La respuesta es afirmativa, pero con matices. En el caso de los inspectores por unas razones y  en el caso de los subinspectores por otras. Por desgracia ninguna de las razones tienen que ver con el interés general. Es decir, con el interés de todos.

Las protestas no van tanto dirigidas al espíritu de las maneras oscuras de  proceder,  como al contenido de las mismas. Los inspectores  en general se quejan,  por el aumento de la carga de trabajo (15%).  Ellos hablan de la merma de la calidad y de la burocracia ineficiente al que se ven sometidos. En palabras del representante de la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda, Francisco de la Torre, rechazan  los planes de incentivos  pero no por su condición de secretos, que aceptan mayoritariamente (luego se verá porque) sino  por el aumento de las actuaciones que les imponen, y que  les lleva a realizar “un trabajo precipitado y de escasa profundidad investigadora”.

En otras palabras, se quejan porque cuando  se diseñó el aumento de la carga de trabajo no se habló de aumento aparejado de la retribución, teniendo que recaudar más, llevar a cabo más actuaciones en detrimento de la calidad de su trabajo, sin que haya un aumento proporcional  de sus retribuciones.( BONUS).

En el caso de los subinspectores  algunas  sus reivindicaciones, a nuestro juicio acertadas, se basan más en el reconocimiento del hecho de que desarrollan tareas superiores a las que la ley les tiene encomendadas ( y es verdad), sin reconocimiento de ninguna clase a cambio. Reconocimiento  que pasa por mejoras retributivas.

COLOFÓN

España a día de hoy, es el único país de la Unión Europea que no cuenta con una ley de transparencia.  La organización no gubernamental Centre  for Law and Democracy, realiza un informe anual en el que a partir de de siete parámetros  puntúa a los países que cuentan con   leyes específicas de acceso a la información pública. En la lista de 2010 ente 89 países, España  sencillamente, no aparece. A lo mejor al final va a resultar que todo va teniendo explicación.

 


[2] Tribunal Superior de Justicia de Canarias.  Sentencia  núm. 498/2009 de 2 de Octubre.

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