EL CASCABEL AL GATO III

EL CASCABEL AL GATO III

CAPÍTULO III

DE LA PRESUNCIÓN DE CULPABILIDAD AL BONUS Y TIRO PORQUE ME TOCA

 

"BONUS VERSUS MALUS"

Existe otro “acicate”, el tantas veces denominado BONUS o incentivo a la productividad. En palabras del magistrado Navarro Sanchís,  “ Uno de los principales reparos que merece esta idea hiperactiva-por cierto, es un acto  administrativo impugnable, si llega a ser conocido-  es el de establecer entre los funcionarios, una dinámica de palos y zanahorias que permite separar el grano  de la adhesión inquebrantable  de la paja de los tibios desafectos y escrupulosos, lo cual puede servir no solo para organizar los haberes sino para ordenar ascensos y decretar ostracismos” (sic). 

Es decir volvemos a tener otra herramienta de control de voluntades, que sumada  y modulada por la anterior, ordena la casa y evita insolencias frente a las ocurrencias que tengan su origen en más altas esferas. 

PRESUNCIÓN DE CULPABILIDAD

Más allá de las elocuentes palabras del Sr. Sanchís, nuestro criterio contrario a este sistema de incentivos a la productividad se basa en lo siguiente: 

Existe en esas normas,  por lo general secretas, un sistema de categorización de contribuyentes a los que se les ha asignado un valor de deuda a descubrir en función de su perfil. Para el ejercicio 2008, por ejemplo, si eras profesional liberal ( abogado, arquitecto, etc.)  la deuda a “descubrir” debería ser de 26.090 euros. Si eras artista 54.408. Si eras Deportista 92.129. Si era empresario de transporte 48.327. Si eras empresa constructora 82.005. Si eras empresa  constructora con obra pública 168.343. Todos estos valores se han actualizado en cada ejercicio.  Es decir, si quieres alcanzar el máximo de incentivo  (BONUS) para ese expediente,  debes de “descubrir", como mínimo,  esos importes. La fruta envenenada para el actuario en este apartado, consiste en  que si no consigues la “deuda a descubrir”  no alcanzas el máximo BONUS posible. Pero dada la natural bondad que impregna a los responsables de  Hacienda,  se le ofrece al actuario como alternativa la posibilidad de hacer bastantes más expedientes y así compensar el error cometido. Vamos que si el contribuyente no da más de sí, no pasa nada, trabajas bastante  más y ya está.  Estamos ante la consagración de la PRESUNCIÓN DE CULPABILIDAD

Si no fuera que lo descrito hasta ahora  es para echarse  a temblar,  la caricatura  de lo anterior se podría traducir en el siguiente sketch: 

Inspección:        Buenos días,  el Sr. Ramírez , arquitecto, ¿verdad? 

Contribuyente: Sí. 

Inspección:        Son 26.090 €. 

¡VIVA LA OBJETIVIDAD Y LA LIBERTAD DE ELECCIÓN!

De otro lado por más que se intente disimular diciendo que el importe de la deuda descubierta  no es la única referencia para la determinación del BONUS, que para llegar al importe del incentivo se tiene en cuenta otros factores (y es verdad),  lo cierto es que su sola referencia es importante y determinante.  Vaya por delante que en el BONUS  la parte del león se la lleva el inspector tributario. En el caso de los subinspectores  pueden suponer entre 2500 y 3000 euros al año de media (de dos a tres pagas extras para muchos españoles). Es tan determinante para el inspector  que supone  del 15 al 20 % de la remuneración anual. En determinados supuestos,  esta cifra puede llegar a 30.000 euros anuales extras. Es decir, algo más de una paga extra para los mismos españoles de antes. 

¿En qué medida es para cualquiera de nosotros importante el 15 o 20% de nuestra retribución bruta anual? Pues eso, ¡viva la objetividad y la libertad de elección! ¡Viva la legalidad y el estado de derecho! 

Resultan impactantes las palabras del magistrado navarro Sanchís cuando expone alguna de las razones espurias que pueden llevar a la consecución del BONUS. 

 ¿Se imaginan  a un juez  que como incentivo  a la productividad, para paliar la masificación en las cárceles, se le ofrezca un BONUS  por cada año inferior a la pena máxima  legalmente  establecida para el delito cometido? Se correría el riesgo de  que, contrariamente a la película de Berlanga, “Todos a la calle”.

DE LA RECAUDACIÓN

Pero como no hay dos sin tres, tenemos una tercera derivada que es la legalidad de la medida.  En nuestra opinión, y la de numerosos expertos tributarias,  la medida es directamente contraria a derecho,  en aplicación de los artículos 28.2.A de la ley 30/1992, que sucintamente viene a establecer que los funcionarios que tengan un interés personal en el asunto de que se trate deberán abstenerse de intervenir en el procedimiento. Vamos a ver, si se consigue  descubrir la cifra asignada al presunto culpable (en algunas delegaciones lo llaman también contribuyente) establecida, se obtiene un premio en metálico que va directamente a la nómina del actuario. ¿Hay o no hay un interés personal? La cuestión, en apariencia de sentido común, no ha sido resuelta, que sepamos, por ningún tribunal.  

En definitiva el mecanismo es perverso desde su inicio. No tenemos nada en contra de que se estimule la productividad de  los funcionarios públicos. No tenemos criterio para valorar que es  lo que debe  de ganar un inspector tributario, sea más o menos de lo que ahora gana. Pero  lo que sí que tenemos criterio es para valorar cuando un  mecanismo es pernicioso y contaminante no solo de los principios más elementales del derecho, sino  de la voluntad  personal  que debe de imperar en el ejercicio de una actividad tan importante  en la aplicación de los tributos como es la actividad inspectora y como consecuencia  de esta, la recaudadora. Pero a la recaudación ya le dedicaremos otro capítulo en otro momento.

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