DENUNCIA/QUEJA

DESDE WALKING DEAD A  LA CAJA DE PANDORAALCALDADA DENUNCIADA POR DÁVIDE EN SU DÍA, SE VE CONFIRMADA POR EL TRIBUNAL SUPREMO
La fiabilidad del registro de la Agencia Tributaria, en dudaArruinado por Hacienda
Hacienda no puede hacer visitas sorpresa sin autorización judicialHacienda analizará redes sociales

 

DENUNCIA/QUEJA

En este apartado el usuario podrá formular las quejas o denuncias con ámbito estatal que considere oportunas en relación con asuntos tributarios. 

DAVIDE se reserva el derecho a  publicar cualquier denuncia/queja que no reúna los requisitos mínimos de certeza en relación a su contenido.

Es requisito por lo tanto que cualquier queja/ denuncia esté debidamente probada.

Así mismo no se publicarán  aquellas que sean contrarias a la Ley y que supongan una intromisión en la intimidad, el derecho al honor   o a la imagen recogidas en nuestra legislación vigente.

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Ámbito: 
ESTATAL
Titular: 
LOS AYUNTAMIENTOS DE TODA ESPAÑA, COBRAN 800 MILLONES DE EUROS DE MÁS EN LAS PLUSVALÍAS MUNICIPALES

Tras tener conocimiento de dos sentencias[1] consecutivas y sobre el mismo asunto, en la que dos instancias judiciales distintas (una de ellas formada por cuatro jueces), han dado la razón a un contribuyente que reclamaba la devolución  de una importante parte de lo liquidado por el Ayuntamiento de su ciudad (Cuenca), en relación a la  “Plusvalía Municipal”. La Asociación Dávide decide estudiar la cuestión por si fuese posible extender el error que cometió el precitado Ayuntamiento a otros contribuyentes. Al realizar un muestreo en más de cuarenta municipios de las Islas Canarias  y cerca de treinta importantes municipios a nivel nacional, el resultado fue que, en el 100% de los casos, los ayuntamientos de este país  se están lucrando al calcular erróneamente el impuesto,  popularmente conocido como  Plusvalía Municipal.

La presunción en Canarias  de que esta situación se produce en todos los municipios,  con una  muestra de casi el 50% de sus ayuntamientos, no deja lugar a dudas.

Abundando más en la cuestión y como refuerzo a esta afirmación, encontramos un estudio encargado a cuatro catedráticos de derecho tributario, por parte de la Federación Española de Municipios (FEM), en las que ya estos,  y después de realizar un estudio de alcance nacional, advierten en 2008, de la “"desacertada"” forma de calcular el impuesto,  y aconsejan que se modifique en el mismo sentido apuntado por las sentencias  ya mencionadas. Puestos en contacto con alguno de los ponentes del estudio por parte de Dávide, confirman nuestras sospechas e incluso inciden en otras perniciosas prácticas que favorecen a los especuladores inmobiliarios.

 

PERO SI ES QUE EL PROPIO NOMBRE DEL IMPUESTO YA LO DICE

 

La mecánica perversa es bien sencilla. En lugar de calcular el impuesto, que técnicamente se denomina: IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA, por la parte del  incremento  que por el transcurso del tiempo se produce sobre el terreno del inmueble que se está transmitiendo, se calcula sobre el valor que a día de hoy tiene el terreno. A saber:

Si hoy vendemos una vivienda  está venta lleva aparejada un terreno (sea un piso chalet o un terreno en sí mismo). Este terreno tiene, según el IBI, asignado un valor catastral, pues bien, los ayuntamientos calculan “la plusvalía municipal” sobre el valor que figura asignado por el catastro a día de hoy, y no sobre el incremento que ese terreno ha experimentado entre el día de hoy y el que tenía cuando se adquirió al anterior propietario.

Sin entrar en fórmulas, reducciones, porcentajes y tablas, el ejemplo sería el siguiente:

D. Contribuyente, adquirió hace quince años un piso con un valor catastral asignado al terreno de 40. Hoy, quince años después, decide  venderlo. En este momento el valor del terreno catastralmente asciende a 120. Supongamos un tipo de tributación de 30%. Los ayuntamientos determinan la cantidad a pagar por la plusvalía municipal multiplicando el valor de hoy (120) por 30% = 36 euros.

Sin embargo, la forma correcta de liquidarlo, según tribunales de justicia y expertos tributaristas, sería (120-40) = 80 y a estos 80 se le aplicará el 30%. El resultado es que en lugar de tributar 36 tendría que tributar 24.

 

800 MILLONES FACIALES, SUMA Y SIGUE

 

De los muestreos realizados por Dávide,  se detectaron excesos de “cobranza” que oscilaban, desde los 1.500 a los 50.000 euros, siendo tres mil euros una cifra bastante repetitiva para bienes con un valor catastral de 60.000 euros y una antigüedad de  20 años. En otras palabras, para cualquier hijo de vecino. La estimación media, en términos porcentuales, de lo cobrado de más, está en torno al 35% del importe pagado.

Atendiendo a los presupuestos y las previsiones del marco municipal español (8118 municipios), nuestras estimaciones son que en este momento,  es posible que se hayan recaudado de más del orden de 800 millones de euros en toda España.

En capitales de provincia como las Palmas de Gran Canaria o Santa Cruz de Tenerife, que son ciudades con 385.000 y 225.000 habitantes censados respectivamente, las estimaciones de exceso de recaudación estarían del orden de 7,5 y 28 millones de euros respectivamente de periodos no prescritos.

Sin perjuicio de lo anterior es digno de reflexión por que el ayuntamiento de Santa Cruz presupuesta que ingresa casi ocho veces más que el de Las Palmas por esta figura impositiva. En nuestra opinión no es una cuestión baladí que alguien debería hacérselo mirar.

Somos conscientes del descalabro que a las arcas municipales supone la solicitud masiva de devoluciones, que sin duda se va a producir. Pero mayor conciencia tenemos del descalabro, que ya se ha producido, en las arcas familiares, en momentos en que se está pasando verdaderamente mal.

Las devoluciones en masa, que estimamos  que se producirán, llevan aparejadas los correspondientes intereses de demora en la mayoría de los casos, por lo que deben de ser tenidos en cuenta en el momento de la denuncia o la reclamación, que en su caso, se plantee.

 

CUANDO HAY QUE ELEGIR ENTRE CORRER Y LLORAR

 

Desde la Asociación Dávide animamos a todo aquel que lo desee a denunciar y exigir la restitución de sus derechos. El derecho a reclamar abarcan los últimos cuatro años. Cada día que pasa prescriben miles de liquidaciones. Ya sea mediante su asesor, personalmente o mediante quien considere oportuno, actúe rápido.

En este momento desde Dávide, se están estudiando acciones de denuncia sobre decenas de casos, con la finalidad de hacer presión sobre las autoridades nacionales y  municipales  competentes. 

RECOMENDACIÓN: Ni se les ocurra presentar una denuncia ante el Diputado del Común. Es una  absoluta pérdida de tiempo. La culpa no es de la institución ni de sus empleados. Sencillamente el marco competencial que la desarrolla hace que no tenga ninguna capacidad para influir ni sobre nadie, ni sobre nada.

Ámbito: 
OTROS
Titular: 
LA PRUEBA DEL ALGODÓN Y EL DIPUTADO DEL COMÚN

 

Vamos a tratar de probar por fases que el algodón no engaña, a saber:

Fase 1.-  Se acude a una Administración Tributaria  Municipal (Un suponer: El Ayuntamiento de Las Palmas).

Fase 2.- Una vez allí,  te toca en suerte uno de esos escasos empleados públicos que maltratan a los ciudadanos sin despeinarse (una minoría y va sin segundas).

Fase 3.- Una vez en contacto con el empleado público, hace lo que mejor sabe hacer y te trata  sin respeto, ni a ti, ni a su trabajo.

Fase 4.- El ciudadano que siente por si mismo  el mínimo respeto exigible, y que no está dispuesto a que lo traten de cualquier manera, había visto en la televisión que en Canarias existe una figura denominada “El Diputado del Común” y que está para defender a los ciudadanos de los excesos de la Administración Autonómica o local.

Fase 5.- Una vez allí, se queja poniendo de manifiesto lo que considera oportuno en defensa de sus derechos.

Fase 6.- El Diputado del Común toma cartas en el asunto y se dirige al Ayuntamiento de LP para exigir explicaciones.

Fase 7.-  El Ayuntamiento ningunea ostentosa y vergonzosamente al D. del Común.

Fase 8.- El DC se aquieta y el ciudadano se ve obligado a peregrinar reiteradamente ante  la puerta del “defensor” de los canarios para que su asunto no se duerma. (tardó más de tres años para no resolverse)

Fase 9.- el Ayuntamiento, termina reconociendo que es cierto lo que denuncia el ciudadano[1]. Reconoce, entre otras perlas, que es incierto lo manifestado por la empleada pública, que cuando informó lo hizo falsamente. De esta manera, reconoce el Ayuntamiento  la obligación que tiene  por ley abrir un expediente disciplinario a la técnico.

Fase 10.- El DC se dirige al ciudadano y le dice: ¡Fite tú, que eso que tanto denunciabas va ser que era verdad! ¡Increíble chico, tenías razón! Te da una palmadita en la espalda te acompaña a la puerta y te archiva el expediente[2]. Lo grave de la palmadita, radica en que Dávide, conocedora de la responsabilidad disciplinaria en la que incurrió la técnico, solicitó formalmente la apertura de expediente disciplinario. El DC lejos de tomar cartas en el asunto, se pone de perfil y decide archivar el expediente.

Fase 11.- Se te queda una cara de idiota de tres palmos. Te vas para tu casa pensando:  Y entonces,  ¿para que denuncié yo nada?. ¿PARA QUE SIRVE EL DIPUTADO DEL COMÚN?

 

Fase 12.- ¿Ven como el algodón no engañaba?

 

PS.- Si se cree el DC  y la empleada pública que esto se queda aquí, es que se equivocaron al calcular la determinación y  la capacidad de resolución de Dávide. Por cierto! ¿No tiene el DC la obligación de resolver en plazo los procedimientos que se someten a su consideración?

 

 

Ámbito: 
ESTATAL
Delegación: 
CANARIAS
Instancia: 
Dependencia de Gestión
Titular: 
HACIENDA DICE QUE ELLA NO SE REPONSABILIZA SI LE HACE MAL LA DECLARACIÓN DE LA RENTA

 

 

HACIENDA DICE QUE ELLA NO SE REPONSABILIZA SI LE HACE MAL LA DECLARACIÓN DE LA RENTA

 

 

SE ABRE LA VEDA

En el mes de Abril, se abre la veda de las declaraciones de la renta de las personas físicas. D. Contribuyente, diligente y responsable, decide como todos los años, presentar la declaración de la renta ante la Agencia Tributaria (AEAT). Con la que está cayendo decide ahorrarse unas perrillas.  Para ello en lugar de acudir a la gestoría de siempre y animado por otras personas que ya lo han hecho, decide pedir hora para que le confeccionen la declaración de la renta en la Delegación de la AEAT de su domicilio. ¿Donde mejor?  Piensa.  ¿Quien me la podrá hacer mejor que “ellos”? Nuestro hombre, de natural ordenado y meticuloso, hace acopio  de todos los certificados, contratos,   escrituras y recibos, que más vale que sobre a que falte.

Como requisito indispensable, llama por teléfono a la AEAT de su localidad y solicita cita  para la confección de la declaración. La AEAT protocolaria y rigurosa, le da cita para día y hora determinada. Tú te presentas esperas tu turno y cuando te toca te identificas ante  el “funcionario”, aportas  la documentación,  ellos te preguntan por si tuvieras alguna cosa más, resuelven tus dudas y te confeccionan allí mismo la declaración. Te la imprimen, si te sale a pagar te la llevas a la entidad bancaria que quieras y  se acabó.

 

CRÓNICA DE UNA DECEPCIÓN ANUNCIADA

Llega el gran día y D. Contribuyente se dirige resolutivo y nervioso (que con esta gente nunca se sabe) a que le confeccionen la renta. Llega su turno y se sienta ante el “funcionario”, que le solicita que le deje la documentación, que él ya se entiende con los papeles. Que si necesita alguna aclaración ya se la pedirá él. D. Contribuyente perfecto desconocedor del intrincado mundo de las liquidaciones tributarias,  pero razonable defensor de sus intereses, de cuando en cuando va aclarando por su cuenta lo que considera necesario. En alguna ocasión, incluso le plantea al funcionario que le han dicho que tiene derecho a tal o cual deducción. El funcionario cordialmente le pide que se calme y que no se preocupe, que el sabe lo que hace y que todo está bajo control. Por fin llega el temido momento de “la cifra”. D. Contribuyente se queda de piedra, resulta que tiene que pagar tantas mil. D. Contribuyente no da crédito, resulta que un cuñado  suyo tiene un amigo que trabaja en un Banco y le había dicho que tenía derecho a una gran deducción por haber adquirido su  actual vivienda tras vender la antigua. El “funcionario” le contesta, con la rotundidad del que nada tiene que perder pase lo que pase, que no, que en su caso no.

 

UN ALMA EN PENA

Nuestro hombre cabizbajo, decepcionado y habiéndose gastado ya una parte de lo que le iban a devolver, resignado firma su declaración y sale de la AEAT repitiéndose una y otra vez:  pues a mi el del Banco me dijo que yo tenia derecho a,,,,,, Pero claro si lo dice el “funcionario”, si lo dice la mismísima   AEAT, que es la que hace las leyes ¿Quien va a saber más que ellos?

Pasa el tiempo, y nuestro hombre, que entre sus defectos no atesora el de la rendición, va contándole a todo el que le quiera escuchar, que el pensaba que,,,, que por culpa de aquel del Banco resulta que ,,,,,

Un buen día, más por persistencia que por azar, termina dando con alguien que le dice: ¿Y porque no consultas con un asesor fiscal o una asociación de esas que se dedican a estos temas y sales de dudas de una buena vez?

 

ABROCHENSE LOS CINTURONES Y COLOQUEN EL RESPALDO DE SUS ASIENTOS EN POSICIÓN VERTICAL

Ahí que va nuestro hombre y consulta con Dávide. Dávide siguiendo un estricto protocolo, lo primero que solicita  a D. contribuyente es que venga acompañado de su asesor fiscal.  Después de analizar su declaración tributaria, concluye sin mucha dificultad, que le han hecho mal la declaración y que tiene derecho a que le devuelvan un porrón de perras.

Nuestro hombre  humilde y honesto, pero no manso, después de respirar profundamente tres veces,  encarga a Dávide, sea por si misma o a través de quien  esta considere apto, que presente las denuncias, las quejas y las reclamaciones  que tenga que presentar. Que a él su dinero no le sobra y que si quiere regalarlo lo hace a Cáritas o a cualquier ONG que le parezca.

Entre otras gestiones Dávide, y por entender que es importante para precisar cualquier posible responsabilidad futura, se dirige a la AEAT para que le certifiquen que la declaración de la renta se había confeccionado en sus dependencias. Pues bien, aquí empiezan las curvas. Abróchense los cinturones, coloquen el respaldo de su asiento en posición vertical, muérdanse la lengua  y átense las manos al sillón tan fuerte como sean capaces.

 

HACIENDA ES MENOR DE EDAD  (Para lo que le conviene)

En definitiva en la contestación1  a la petición formulada por Dávide que se adjunta, la AEAT dice que ellos no están en condiciones de certificar lo que le pedimos porque las declaraciones se realizan sobre una “plataforma” externa a ellos y donde lo “único” que hacen es prestar un servicio al contribuyente para facilitar el cumplimiento de las declaraciones.  Que en definitiva,  ellos no asumen ninguna responsabilidad. Si luego surge una comprobación y por un simple baile de números del “funcionario” que le confeccionó la renta, que donde decía 432 puso 342 y por lo tanto se declaró de menos, se puede usted ver obligado a tener que pagar la diferencia surgida, con los intereses correspondientes y, en su caso, con las sanciones correspondientes. Y todo porque claro ellos no son, es una plataforma externa, ellos solo trasladan los datos que usted les suministra. Y sobre todo, sobre todo, porque no son responsables. Cuando  nos vienen la cabeza esas viudas pensionistas (cientos  de miles en toda España),  que toda la vida han sido amas de casa, que acuden a la AEAT a confeccionar la declaración porque no tienen ni pajolera idea de cómo se hace y porque no les sobra ni un euro para pagar asesores,  inevitablemente pensamos:   ¡Manda Triíllos!

 

NOTA:

Con posterioridad a la publicación en prensa de esta noticia y a ser colgada en nuestra web, recibimos  de parte de la AEAT una certificación confusa en la que reconocen haber efectuado la declaración de la renta a dos contribuyentes. ¿Casualidad, causalidad? “Qui lo sa,,,,,,”

 

EL DEFENSOR DEL PUEBLO EN BELEN CON LOS PASTORES

No contentos ni con uno ni con el otro Dávide decide a acudir Defensor del Pueblo (DP) en búsqueda de amparo ¿y que se encontró? Pues que deberían estar cerrados por reformas o algo similar.

Vuelve Dávide a plantear los argumentos acumulados ¿y que responde el DP2? Pues responde que:

“,,,,,,,Los borradores de IRPF que elabora la AEAT no tiene carácter vinculante pudiendo además confeccionar más d una declaración para cada contribuyente, o que dificulta su pretensión,,,”

En definitiva, la respuesta nada tiene que ver con lo planteado por Dávide. Lo dicho en Belén con los pastores. La otra posibilidad es que la respuesta que desde la Dependencia de Gestión le dieran al DP, fuese deliberadamente torticera. Pero seguro que no, visto lo que vamos viendo, seguro que no.

 

CONSEJO INFORMATIVO

La próxima vez que vaya usted a presentar la declaración de la renta mediante los servicios de la AEAT, que sepa que no se responsabilizan de nada. Que si luego tiene una comprobación y resulta  que se produjo un error en la confección QUE DIOS LO COJA CONFESADOS.  Que ellos son maquinitas de pasar datos y que usted sabe lo que firma.

Usted procure rodearse de todas las pruebas que pueda. Solicite que le compulsen todos los documentos que aporta. Y si no se los quieren compulsar o algo por el estilo, QUÉJESE en ese momento, o acuda a un buen defensor porque después ya sabe: “al maestro armero”.

 

ADIVINANZA:

¿A ver si me dicen antes de tres segundos de que Dependencia de la AEAT estamos hablando?

¡Pero que listos son ustedes!

Efectivamente, de la Dependencia de Gestión de la AEAT en Canarias. La misma, la de siempre. ¿Será posible que los actuales responsables  no intervengan ante este tipo de comportamientos? Vamos a darle un voto de confianza que llevan poco tiempo.

 

Y COMIERON PERDICES

En nuestro caso,  y pese  a la férrea oposición por parte de la Dependencia de Gestión de la AEAT  conseguimos demostrar que teníamos razón desde un principio. Por desgracia, para que nos dieran la razón tuvimos que acudir al Tribunal Económico Administrativo. Era un hecho tan palmariamente injusto, que no hubiese hecho necesaria la intervención de un Tribunal. Lo importante  para el contribuyente fue su propio carácter luchador, que ni se dejó amilanar, ni se rindió ante la  pretendida irresponsabilidad y el desprecio del que fue víctima. En definitiva, nuestro feliz contribuyente consiguió que le devolviesen hasta el último duro, es decir 6.755,63 euros , que yo no se ustedes, pero nosotros hay días que no los ganamos.

 

 

 

1 Se adjunta respuesta de la AEAT. Se recomienda  taparse previamente la nariz.
2 Se adjunta copia de la respuesta ,y efectivamente, sin perjuicio de  q la  respuesta a lo que se planteó, se parece como un huevo a una castaña,  recomendamos la lectura de la respuesta a la sugerencia planteada. ¿Con defensores así quien necesita atacantes?

 

Ámbito: 
ESTATAL
Titular: 
El AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS NIGUNEA DESCARADAMENTE AL DIPUTADO DEL COMÚN

En una ocasión, hace poco tiempo, pregunté a un alto funcionario   del Ayuntamiento de Las Palmas acerca de la  relación de la corporación con el Diputado del Común (defensor del pueblo en Canarias). Su respuesta no puedo ser más gráfica: “No tiramos las quejas a la papelera porque no podemos, pero las archivamos directamente”. Esto dicho así podría ser más o menos creíble pero si lo conectamos con una experiencia concreta se verá que tiene muchos visos de ser cierta.

Una ciudadana encarga a un asesor la llevanza de un determinado asunto relacionado con el Ayuntamiento de Las Palmas (AY), como consecuencia el asesor se pone en contacto con el AY, más concretamente con una “empleada pública” (EP).  El asesor manifiesta lo que considera oportuno en la defensa de los intereses de su clienta. Hasta aquí todo normal. Pero hete aquí que la susodicha EP(1) se sulfura y empieza a decir improperios,  y culmina su hazaña cortando el teléfono al asesor(2) . Y esto, con ser grave, no es lo peor. Lo peor, es que la Ley obliga a la EP a resolver sobre la cuestión que la ciudadana le planteó mediante el preceptivo recurso, y ésta sencillamente se niega. Si, si, se niega, no le responde ni al ciudadano ni al DC. Nos consta incluso que los actuales responsables del AY la conminan a responder, pero nada. Es decir, se coloca claramente por encima de la Ley y de las instituciones supuestamente responsables de velar por su cumplimiento. Si se atreve a actuar así frente a sus superiores jerárquicos, que puede esperar un ciudadano de a pie.

 

AYYY  QUE BONITA ES LA INOCENCIA!!!!!!

 

El asesor no está dispuesto a consentir este tipo de comportamientos y se dirige a Dávide  que a su vez se dirige  al Diputado del Común  en busca de amparo, para exigir a la EP que cumpla con la Ley y  para formular una queja(3) . ¡¡¡¡Ayyyy!! ¡¡¡¡Qué bonita es la inocencia!!!!

 

UN NUEVO FÁRMACO ANTIESTRÉS:  EL TRANKIDIPUTADIN

 

El DC raudo y veloz  (solo tardó 45 días), se pone en marcha. Cuando lean como está el asunto en la actualidad, verán porque decimos que 45 días es un comportamiento diligente, diríamos que temerario por lo que a velocidad  de respuesta al ciudadano se refiere.

Apenas unos pocos días después la EP responde diligentemente  al DC. La respuesta es tan infumable, que hasta el propio DC  seis meses después (no se vaya a estresar la institución), se vuelve a dirigir de nuevo a la EP pidiéndole aclaraciones a las muchas inexactitudes y fundamentalmente por incumplimiento de la legalidad vigente en materia administrativa. Le pide, entre otras cosas, que resuelva el recurso que el ciudadano le planteó.

Ante EL silencio de ambos (DC y EP)   y, para no comerse las uñas,  a base de trankidiputadín, el ciudadano vuelve a recordarles: ¿Y de lo mío, que?

 

EMPUJA, EMPUJA, QUE YA SALE!!!

 

Ante esta nueva petición de explicaciones por parte de Dávide,  el DC en un acto de arrojo digno de un titán, a riesgo de perder los papeles, que ya se sabe como es el DC cuando se enfada, se pone serio haciendo uso del  respeto que le tienen,   le pide al AY que quiere convocar  una reunión con la EP, que le diga día y hora. Esto ocurrió el 04.05.11(4) . Es a día de hoy que estamos en Octubre de 2012 y suponemos que la petición debe de andar en ese archivo que mencionábamos al principio de este artículo.

Hasta en cuatro  ocasiones más  ha tenido que recordarle el ciudadano al DC que impulse el asunto. Resultado, a día de hoy una queja que se formuló el 01.06.09 sigue sin resolverse. Es decir: va para tres años y cinco meses ( de momento)   desde que se inició la queja y pese a cinco actuaciones(5)  por parte del ciudadano para que no se duerma en el sueño de los justos,  sigue sin resolverse.

Ante un parto de más de 40 meses a uno solo se le ocurre decirle al DC: ¡Empuja, empuja, que ya sale!

 

¿EL DIPUTEADO DEL COMÚN?

 

Inevitablemente uno piensa: ¿cuantos ciudadanos  menos insistentes y peor asesorados depositan con toda su buena fe las quejas, esperando amparo y defensa por parte de una institución que  más parece un mal remedo de otras instituciones que si que funcionan en las democracias avanzadas? ¿Cuantos casos se cierran sin solución, o por puro desencanto del reclamante, acaban en nada?

¿Para que sirve el Diputado del Común?  Todos esos millones de euros tirados a la basura a costa de nuestros bolsillos (recortes, ¿se acuerdan?). Al final va a ser cierto de que al Diputado del Común, por los pasillos de la Administración Pública Canaria, lo llaman el NINGUNEADO DEL COMÚN y  como algunos aciertan a decir  con menos benevolencia,  el DIPUTEADO DEL COMÚN.

 

LA VERDAD, TODA LA VERDAD, Y NADA MÁS QUE LA VERDAD.

 

En aras a la verdad  en tanto que  Asociación que defiende a los contribuyentes, somos conscientes que la culpa no es del actual Diputado del Común, ni de sus antecesores. La culpa hay que dividirla en dos partes, a saber:

a.- La imposibilidad de que actúe con efectividad, proviene de la norma que lo regula y no lo dota de mecanismos ejecutivos que le permita ejercer un efectivo control sobre las Administraciones Públicas.

b.- Pero no nos engañemos, hay una segunda parte del todo inexcusable y que tiene que ver con el funcionamiento interno de la propia institución. No es de recibo que se tarde más de tres años en resolver un asunto, que a día de hoy, sigue sin resolverse. No es de recibo que el contribuyente tenga que impulsar motu proprio insistentemente el expediente para que camine. No es de recibo que entre una actuación y otra se tarde más de un año  en responder y que si no fuera por la actividad del propio contribuyente, sabe Dios en que cajón, no ya del AY, sino del propio DC, estaría o está este expediente.

 

ENTRE LA  FALTA DE RESPETO Y LA INCOMPETENCIA SUBLIME

 

Sencillamente este tipo de comportamientos oscila entre la falta de respeto al ciudadano y la incompetencia más absoluta. Escójase lo que proceda.

Para empezar lo que debería hacer el DC es dirigirse al ciudadano pedirle disculpas públicamente  y llevar a cabo  de una buena vez el encargo que le hizo hace más de tres años. Pocas veces el DC se va a encontrar con una queja tan indiscutible como esta, todo lo cual agrava más, si cabe, el comportamiento desidioso del DC.

¿Cuantas situaciones más como esta se estarán dando en el seno del DC? Esto, se lo hacen a los representantes de una asociación que conoce bien los derechos del contribuyente. ¿Que no estarán haciendo con el común de los mortales?

 

ANTE LA FALTA DE VOLUNTAD POLÍTICA, MEJOR CERRARLO

 

Lamentablemente parece ser que van a ser ciertas las palabras del alto funcionario cuando decía que: “No tiramos las quejas a la papelera porque no podemos, pero las archivamos directamente”.

Lo dicho: para tirar el dinero del contribuyente a la basura, jugar con la confianza de los contribuyentes y desacreditar más a las instituciones,  mejor cerrarlo.

 

 

(1) Al parecer no es funcionaria
(2) De esto último existe reconocimiento por escrito de la propia EP
(3) Queja EQ-0561/2009
(4) Tardó  más de un año  el DC en contestar al ciudadano.  La fecha que va desde el 29.03.10 fecha del primer impulso hasta el 04.05.11 fecha de contestación
(5) Impulsos de fechas: 29.03.10,   11.08.11,   18.10.11,   07,12,11 y    09.02.11

 

Ámbito: 
ESTATAL
Delegación: 
CANARIAS
Instancia: 
Dependencia de Gestión
Titular: 
HACIENDA ARRUINA DELIBERADAMENTE A UN MALETERO Y NO SE RETRACTA (I)

ERASE UNA VEZ...

 

D. Heriberto, mozo de carga de una compañía aérea,  al que se le ocurrió la insensatez de intentar progresar en la vida y tener un futuro mejor para él, su mujer y sus cuatro hijos menores de edad. Para llevar a cabo su intolerable propósito, no se le ocurre otra idea que aprovechar su dilatada experiencia como albañil y montar una empresa de pequeñas reformas. Dado que había que llevar un sueldo a casa y que con las cosas de comer no se juega, utilizó su tiempo libre para llevar a cabo esos pequeños trabajos de albañilería.  Con el  ingenuo afán de hacer las cosas correctamente y por un absoluto desconocimiento de las obligaciones tributarias, se pone en manos  de un asesor fiscal, por llamarlo de alguna manera, o porque eso ponía en la placa de la entrada de su  lugar de despropósitos. Lugar al que también   el asesor llamaba despacho profesional. D. Heriberto, para su desgracia, prospera y contrata algunos empleados. 

 

LLEGÓ LA DEPENDENCIA DE GESTIÓN DE LAS PALMAS DE LA AEAT Y MANDA A PARAR

 

Pasados unos años, es llamado por la Agencia Tributaria (AEAT)   para revisar su situación. La AEAT determina que  está realizando mal sus declaraciones  porque el método elegido  por su “asesor” no era el que le correspondía. Hasta aquí nada que objetar a la AEAT  pero sí y mucho al “asesor fiscal”. Entre otras importantes características, el método de declaración erróneamente utilizado por D. Heriberto, exime a los contribuyentes de la llevanza de ningún tipo de registro, ni de ingresos, ni de gastos, ni obliga a conservar  las facturas.

 

EL MÉTODO, POR LLAMARLO DE ALGUNA MANERA

 

Pues bien, como decíamos,  llega cuatro años más tarde  la AEAT y le dice a D. Heriberto que el método empleado es incorrecto y que por lo tanto está declarando mal. Que para declarar bien tiene que sumar los ingresos restarle los gastos y declarar por la diferencia. Hasta ahí, bravo por la AEAT. Llegado el momento de justificar los gastos, la AEAT le pide las famosas facturas. Nuevamente bravo por la AEAT. No se puede haber sido más profesional y escrupuloso con la legalidad. Pero hete aquí que nuestro hombre, debido al nefasto asesoramiento vivía en la conciencia  de que no tenía que conservarlas. Obsérvese que se le está pidiendo papeles, en algunos casos,  de hace cinco años. La consecuencia inmediata es ingresos 100%  y gastos, rapiñando de aquí y de allá, 30%. Es decir, de cada 100 euros facturados, según la AEAT,  70 iban al bolsillo de D. Heriberto. 

 

D. HERIBERTO ERA RICO PERO IDIOTA (AL PERECER)…

 

La AEAT determinó que D. Heriberto era rico. Sí, rico. Según la AEAT el contribuyente obtuvo un beneficio en cuatro años  de 1.665.942,82 €. Una media de 416.666.485 euros por año (El equivalente a 70.000.000 de pesetas anuales). Y uno puede pensar: ¿Y por qué no? Hay empresas que lo ganan. Pero claro, mientras D. HERIBERTO ganaba casi seis millones de pesetas al mes (36.000 €), se deslomaba cargando maletas para ganar 1.500 euros al mes en su otro trabajo ¿Se imaginan cuantas horas extras  hay que hacer para ganar 1.500 euros al mes  en nómina subiendo y bajando maletas, en festivos, de noche, con frío o con calor? Salvando las distancias, es como si Florentino Pérez, presidente el Real Madrid,  se sacara un sobresueldo trabajando como utilero. Lo dicho D. Heriberto era idiota, al parecer. O eso, o sencillamente se cebaron con él. Como dice un conocido periodista digital: “para tararí y no echar gota”.

Ámbito: 
ESTATAL
Delegación: 
CANARIAS
Instancia: 
Dependencia de Gestión
Titular: 
HACIENDA ARRUINA DELIBERADAMENTE A UN MALETERO Y NO SE RETRACTA (II)

LO QUE DEBIÓ DE HACER Y NO HIZO LA AEAT

 

Llegados a este punto, aquellos que nos sean versados en derecho tributario podrían pensar: ¿Y qué remedio le quedaba HACIENDA? La culpa es del contribuyente  por no haber contratado un mejor asesor fiscal. Haber sido más cuidadoso y haber conservado las facturas.

Pues bien, no señores no. Los sesudos legisladores han previsto un método alternativo para este tipo de situaciones. El método en cuestión se denomina Estimación Indirecta. Este método es de aplicación precisa para casos como el que nos ocupa. Está pensado para cuando un contribuyente investigado adolece de justificación suficiente que permita determinar razonablemente su situación tributaria. Este método, como luego ocurrió a D. Heriberto, permitió establecer  muy aproximadamente, la auténtica  deuda tributaria. 

Desde la Asociación Dávide para la defensa del Contribuyente, no solo no  entendemos lo ocurrido con D. Heriberto, sino que estamos promoviendo ante la Audiencia Nacional un recurso de nulidad que permita hacer entrar en razón por la fuerza de la justicia, lo que no se pudo obtener por el peso de las razones. 

 

LA PRUEBA DEL ALGODÓN  O A UN PANAL DE RICA MIEL

 

Prueba de que la Dependencia de Gestión de la AEAT en Las PAlmas obró mal  fue el hecho de que no contenta con el destrozo ocasionado al contribuyente en los ejercicios 2001 a 2004, vuelve a la carga en relación al ejercicio 2005 con la intención de sacar más petróleo. Nuevamente en este caso HACIENDA,  y por el mismo método e idénticas circunstancias, solicitaba al contribuyente el pago de una deuda de  356.310,08 euros. En este caso la representación del contribuyente corrió a cargo de los representantes de la Asociación Dávide,  que  consiguieron hacer entrar en razón a la inspección.  Se demostró  que el método empleado por la inspección no era ajustado a derecho y que sus cálculos eran disparatados y completamente irreales. Que lo que procedía, ante la falta de documentación por parte del contribuyente, era la aplicación de otro método.  El resultado  fue  que la deuda de  356.310,08 para el ejercicio 2005,  que  ya figuraba  firmada en acta de conformidad, pasó ser una deuda de 19.470,85, en una nueva acta con acuerdo.

La inspección, ante las mismas  circunstancias que en los ejercicios 2001 a 2004,  donde antes le parecía bien el 70% ahora le parece bien el 7%. 

No es posible que distintos funcionarios,  ante los mismos hechos, den dos resultados tan diametralmente opuestos. Desde luego uno de los dos lo hizo rematadamente mal. Nosotros en Dávide  tenemos una ligera sospecha de cual de los funcionarios fue el que lo hizo mal. 

En buena lid, Hay que reconocer que nada de esto hubiera sido posible sin la colaboración del inspector y subinspector actuario, (Importante: que no pertenecen a la Dependencia e Gestión de la AEAT de Las Palmas),  que con un sentido de la ética y de la responsabilidad digno de resaltar, pusieron por delante lo que creían ajustado a derecho frente al resultado  absolutamente disparatado e injusto con el que se había actuado con anterioridad.  Esto prueba una vez más que la crítica desde Dávide no es general y solo va dirigida a determinados funcionarios con nombre y apellidos. Algunos tristemente famosos.

Ámbito: 
ESTATAL
Delegación: 
CANARIAS
Instancia: 
Dependencia de Gestión
Titular: 
HACIENDA ARRUINA DELIBERADAMENTE A UN MALETERO Y NO SE RETRACTA (III)

LA CADENA PERPETUA  DE UN OBRERO Y SU FAMILIA

 

Las consecuencias directas son que, a día de hoy,  1.076.029,54 € (179.036.251 millones de pesetas), más los intereses correspondientes, recaen sobre la espalda  de un sencillo trabajador,   que además de haber perdido la casa en la que vive, tendrá que hacer frente durante el resto de su vida a una deuda que jamás podrá pagar. Su culpa, haber elegido a un impostor, que se presentó como asesor fiscal, que no solo le ha destrozado la existencia con su incompetencia,  sino  que para colmo d despropósitos ha contado con la enorme incompetencia de unos concretos  funcionarios de la AEAT, que han realizado un pésimo trabajo arruinándole el presente y el futuro a él y  a toda una familia. Sus hijos no tendrán las mismas oportunidades que otros y esto no es dramatismo, esto es realismo en estado puro. Simplemente hagan el ejercicio mental de ponerse en su lugar y después que se les termine el escalofrío, vuelvan a pensar.

 

D. Heriberto, producto sin duda del estado de angustia que supone saber que puede ser lanzado a la calle en cualquier momento de la que fue su casa, de no saber dónde ir,   ni cómo podrá sufragar  de su ya  embargado sueldo de maletero, un alquiler, ha sufrido un infarto cerebral que le ha afectado a órganos vitales y que por supuesto le impiden seguir trabajando. Como consecuencia de todo  lo anterior   al ya exiguo sueldo que percibe hay que restarle la disminución de retribuciones y de derechos  que se produce por la baja laboral.

 

SOSTENELLA Y NO ENMENDALLA

 

 Con los datos que manejaba la AEAT, esta  era perfecta conocedora de que D. Heriberto Jamás podría hacer frente a la deuda exigida.   No había que ser un lince para saber en qué situación d desamparo y desesperación quedaba el contribuyente. Por eso decimos que  al exigirle lo que le exigió, sabiendo perfectamente cual era su situación patrimonial, deliberadamente  lo arruinó.

 

También decimos que pudiendo retractarse no se retracta. No se puede admitir una deuda cuya base de cálculo que la propia HACIENDA fija en un ejercicio en el 7%  sea en otros del 70% sobre los mismos hechos y no hacer nada.
 

Debido a que el asunto cuando llega a nuestra asociación era firme (muerto y enterrado) hemos tenido que promover por medio de supuestos extraordinarios previstos en la Ley,  la corrección de tan gigantesco  error. La situación podría, si hubiese la sensibilidad y la voluntad que se requiere, ser corregida  por la propia AEAT utilizando la vía de la revocación,  ahorrando un sufrimiento gratuito a toda una familia y de paso haciendo justicia tributaria CON MAYÚSCULAS.

 

Como no podemos suponer que tal actitud se deba a la deshumanización pura y dura propia de un funcionario canalla sin entrañas, tenemos que pensar que simplemente no se dieron cuenta del tremendo atropello que cometían.

 

Lo cierto es que a día de hoy sigue cayendo sobre la espalda de un inocente y su familia una condena injusta y desproporcionada. Desde aquí, Dávide apela al más elemental sentido de le ética y espera de los actuales responsables de la AEAT que hagan justicia Y   revoquen las resoluciones dictadas.

 

No solo los principios del derecho tributario, sino los morales deben de estar    por encima de cualquier prejuicio  corporativista que pudiera existir. Durante un minuto imagínense que de repente tuvieran una deuda a la que jamás pudieran hacer frente en toda su vida y que esto limitase su futuro y el de sus hijos porque otras personas cometieron un error. Sencillamente insufrible.

Ámbito: 
ESTATAL
Titular: 
SE CORRE EL RIESGO DE EMPEZAR TRANSGREDIENDO LAS NORMAS PARA ACABAR ROBANDO EN EFECTIVO

Pocas veces se encuentra uno con unos antecedentes tan claros e incuestionables  de los abusos y excesos que desde la administración tributaria se pueden cometer  con un contribuyente, como el caso que nos ocupa. Dada la peculiaridad de la situación  entendemos que antes de la queja lo que procede es extractar los antecedentes de la cuestión objeto de queja que figuran reflejados en la sentencia reseñada

 

ANTECEDENTES   DE DESECHO

 

FUENTE: TSJ de Canarias nº de procedimiento 01840/2003 (Hacer click aquí)

EXTRACTO DE LA SENTENCIA, FUNDAMENTO DE DERECHO QUINTO. (Hacer click aquí)

 

Las frases extractadas de la sentencia que se indican a continuación, fueron firmadas por tres jueces de lo Contencioso Administrativo.

1º.-El acuerdo no fue firmado por el Inspector-Jefe, aunque se le atribuye, que es lo más grave del caso.

2º.- Se publica en el BOP a tal velocidad que no es creíble que la administración tributaria haya seguido el procedimiento que aplica a todos los contribuyentes.

3º.- El acuerdo ,,,,,se orientaba clarísimamente a la consecución de un resultado ya predeterminado, radicalmente opuesto a la propuesta de liquidación contenida en el acta de 6 de agosto del 2003.

4º.- Y eso fue, en efecto, lo que sucedió, convirtiéndose una deuda tributaria de cero euros en otra de cerca de dos millones y medio de euros.

5º.- No es justificable ni se compadece con los principios rectores de la actividad de las administraciones públicas, consagrados en el art. 103 CE, que dos inspecciones sobre idéntico objeto arrojen resultados tan enormemente opuestos.

 

EL ARTE DE MANIPULAR LA REALIDAD Y LA LEY PARA LLEGAR A  UN FIN PRECONCEBIDO

 

a.- Estamos ante un procedimiento de inspección en el que un contribuyente es revisado por un inspector tributario. Como resultado de esa inspección se firma un acta de conformidad con una cuota tributaria de cero euros.

b.- Posteriormente se decide  por parte de la inspección que esa propuesta de liquidación debe de ser revisada y rehecha  íntegramente.

c.- Para llevar a cabo está 2ª revisión, es necesario notificarla  en un plazo que está a punto de concluir.

d.- Si no se notifica antes de un plazo de tres días, se pierde el derecho a esa nueva revisión, que en palabras de  tres jueces, estaba clarísimamente orientada a conseguir un fin predeterminado. (2.500.000).

e.- Como requisito invalidante la orden  que autoriza la nueva revisión (ampliación) ha de estar firmada por el Inspector Jefe.  

f.- Quedan tres días y el inspector jefe no está. Pese a que no está, aparece firmada por alguien  aparentado estar firmada por él. Esta última afirmación de los jueces no es desmentida en ningún momento por la inspección.

h.- De esta manera se consigue interrumpir el plazo que hubiera impedido llevar a cabo la  2ª revisión  y hubiese confirmado el acta  de conformidad por cero euros.

i.- Esto se consigue el mismo día de la fecha límite.  Como consecuencia de la 2ª revisión se llega a una liquidación de 2.500.000 euros.

 

SE CORRE EL RIESGO DE  EMPEZAR  TRASNGREDIENDO LAS NORMAS  PARA ACABAR ROBANDO EN EFECTIVO

Como dice el tribunal en la sentencia adjunta la inspección  al llevar a cabo la 2ª revisión:  “Se orientaba clarísimamente a la consecución de un resultado ya predeterminado, radicalmente opuesto a la propuesta de liquidación contenida en el acta (sic)  y para ello y ante la inminencia de la finalización del plazo límite y la ausencia de la única persona capacitada para interrumpir el plazo terminal,   alguien sin autoridad ni competencia  de ninguna clase, no duda en suplantar la firma de su superior jerárquico y ya está.

Sabemos de fuentes internas de la propia AEAT, que nada se hizo en el seno de la  Delegación de Las Palmas por comprobar lo sucedido y depurar las responsabilidades disciplinarias o penales a que hubiese lugar. La misma fuente nos confirmó al día siguiente de la sentencia, que allí no iba a pasar nada de nada. Textualmente: “Aquí nunca pasa nada.”

No deja d causarnos perplejidad las propias palabras de la Sala del TSJ cuando dice que: “El acuerdo no fue firmado por el Inspector-Jefe, aunque se le atribuye, que es lo más grave del caso”. Como ciudadanos de a pie, no podemos entender como la Sala, de oficio, no tomó cartas en el asunto. ¿Que se necesita hacer para que este tipo de comportamientos sean reprimidos y erradicados de la esfera administrativa en defensa de los contribuyentes?

Ante los hechos probados y no rebatidos por parte de la inspección actuante ¿Es consciente el TSJ de Canarias y   la AEAT  la sensación de impunidad, de abuso de poder, de manipulación, de arbitrariedad y de indefensión que se proyecta al no hacer nada por defender  al ciudadano con su pasividad?

Estamos convencidos que este tipo de actuaciones son llevadas a cabo por  un reducidísimo grupo de funcionarios deshonestos  que luego persiguen con saña  y de manera implacable a  los malvados  contribuyentes. Es posible que dotados de una  visión mesiánica, propia de talibanes, crean que Dios los puso en la tierra para salvar la patria de los perversos ciudadanos. Será por aquello que el fin justifica los medios o parafraseando a un famoso periodista de este país, se corre el riesgo de  empezar  transgrediendo las normas para  acabar robando en efectivo. Al mismo tiempo estamos convencidos que la gran mayoría de los funcionarios y servidores públicos se avergüenzan de este tipo de actitudes, rechazándolas con total rotundidad. Pero si no quieren ser cómplices moralmente hablando, deben de denunciar, de lo contrario pueden incurrir en otro tipo de pasividad. No vale solo con indignarse.

 

Sea como fuere, como mínimo,  este tipo de  malos servidores públicos deben de ser expulsados de cualquier esfera administrativa que tenga que ver directamente con la vida de los contribuyentes.

 

Ámbito: 
ESTATAL
Titular: 
ESTAMOS TOTALMENTE DESARMADOS FRENTE A LOS EXCESOS Y DESVIACIONES DE PODER DE HACIENDA

La orden de intensificar la recaudación a toda costa en las administraciones públicas, desde la General del Estado hasta los municipios, está dejando en este crítico 2012 a muchos contribuyentes "totalmente inermes" ante Hacienda, ya sea la Agencia Estatal o la autonómica, incluso las locales.

Por experiencia propia de 25 años como asesor fiscal, José Alfonso García Morales concluye que los organismos públicos para la defensa del contribuyente "funcionan mal cuando funcionan", ya sea el Defensor del Pueblo o la "figura decorativa" del Diputado del Común en Canarias, porque la "norma que lo regula nace muerta".

De ahí su idea de crear una asociación para la defensa del contribuyente que enfrente cara a cara "la indefensión total frente a los excesos y desviaciones de poder, las arbitrariedades que se cometen todos los días en las administraciones tributarias".

"Estamos indefensos", aseguró este lunes el presidente de la asociación Davide en una entrevista en Tiempos Modernos. "Por la necesidad que se tiene de recaudar más, los abusos son frecuentes: se saltan a la torera todas las garantías que tiene el contribuyente para hacer frente a sus obligaciones: directamente embargan sin apremiar, apremian sin notificar, e incluso recaudan impuestos a los que no se tiene derecho por distintas razones".

Davide ha decidido llevar casos de abusos ante la Justicia, y entre manos tiene ahora un reciente caso de un empresario que se ha visto obligado a pagar el Impuesto de Actividades Económicas a un ayuntamiento del Sureste grancanario cuando su empresa ha dejado ya toda actividad en el municipio. "Hay un hecho incontestable: una empresa que ya no está en un municipio realizando una actividad económica no puede ser objeto de tributación por esa actividad económica, y lo más grave es que el ayuntamiento lo sabe y sigue adelante".

"La práctica de las haciendas es primero disparar y después apuntar", explica García Morales. Es el caso de la Agencia Estatal, cuyos inspectores gozan de unos bonus, incentivos económicos marcados por objetivos ultrasecretos que solo conoce la cúpula, pero que les permite cobrar al año unos 25.000 euros extra a su sueldo medio de 80.000 euros por abrir actas de inspección.

Los inspectores cobran por extras por abrir actas a contribuyentes

"Yo no digo que se abran actas de manera arbitraria, sino que una vez abiertas se estimula que la cifra [de la sanción] sea la más alta posible", indica José Alfonso García, ya que "ellos tienen un bonus, alambicado y mezclado con otros conceptos, que cuando uno analiza la fórmula por la cual se calcula, descubre que está estimulado para descubrir cifras [de presuntos fraudes de contribuyentes]. La cifra del acta es determinante del bonus que cobra el inspector, no es el único elemento, pero sí determinante", comenta este asesor fiscal grancanario.

Esta fórmula ultrasecreta a la que ni siquiera tienen acceso jueces en procesos abiertos ha sido definida por un magistrado de la Audiencia Nacional como "el cuarto secreto mejor guardado después de los tres de Fátima", asegura el presidente de la asociación Davide.

García Morales también revela la existencia de una demanda judicial planteada en las Islas "por una inspectora de Hacienda contra la Agencia porque no tiene acceso a esa información, porque las normas son secretas". A la inspectora le retiraron el bonus sin darle explicaciones y "ella, que es la beneficiaria, manifiesta en sede judicial que desconoce la fórmula".

"No puedo afirmar que la intención con la que se haga [el acta de inspección] es ir a la máxima para cobrar más bonus, lo que puedo decir es que el bonus está ahí", incide el presidente de esta asociación canaria en defensa del contribuyente, en cuya página oficial se hace eco de unas durísimas afirmaciones de todo un ex director general de la Agencia, Ignacio Ruiz-Jarabo, que define el funcionamiento de la Inspección de Hacienda como "prácticas cercanas a la extorsión".

 

Fuente: canariasahora.com

Ámbito: 
ESTATAL
Delegación: 
CANARIAS
Instancia: 
Dependencia de Gestión
Titular: 
MENTIRAS ARRIESGADAS Y TIRO PORQUE ME TOCA (II)

 

MENTIRAS ARRIESGADAS Y TIRO PORQUE ME TOCA (II)

 

¿MENTIRAS ARRIESGADAS O ALTA INCOMPETENCIA?

 

Tal como venimos comentando el capítulo I de esta queja

Presionada la Dependencia de Gestión de la AEAT de Canarias en Las Palmas en adelante la DGLPA por la cantidad de escritos y peticiones  formulados ante las  diferentes instancias, acorralada literalmente ante la obligación de rendir cuentas, no ante un simple y molesto contribuyente,  al que ningunea sin cesar, sino ante un órgano de control,  es cuando la DGLPA termina cayendo en la cuenta  que desde un principio el contribuyente tenía razón. Viéndose por primera vez avocada a dar explicaciones y ante lo injustificable de su actitud, se descuelga tratando de salvar los muebles con una manifestación incierta,  y así intenta justificarse indicando que  no es hasta     la última de las notificaciones, ( la novena)   cuando entra en “el fondo del asunto” y toma conciencia  de que sí, que está equivocada

No solo es completamente  incierta la anterior manifestación,  sino que en al menos ocho ocasiones tuvo la oportunidad de conocer y conoció lo que el contribuyente solicitaba y solo cuando se ve contra la pared reconoce que el contribuyente desde el primer momento tenía razón. Es decir tarda más de dos años  y después de muchos escritos y muchas instancias en  reconocer lo que debió reconocer desde el primer momento. No obstante la evidencia, se atreve a manifestarse en términos que no se corresponden con la verdad, salvo que sencillamente con dicha manifestación lo que esté reconciendo es su alto nivel de incompetencia, o su alto nivel de desidia y negligencia, al no haber sabido tratar conforme a Derecho las cuestiones planteadas  con total claridad por el contribuyente.

 

¿EL INTERÉS GENERAL O EL INTERÉS PARTICULAR?

 

Es altamente preocupante habida cuenta la gran cantidad de contribuyentes sobre los que ejerce sus funciones la DGLPA el hecho de que , no tenga ningún empacho en realizar este tipo de irrespetuosas manifestaciones ante otros órganos de la Administración, cuando pudo conocer el fondo del asunto en no menos de ocho ocasiones.

Todo lo anterior sin perjuicio de que al parecer, la DGLPA no se lee las resoluciones del TEAR  que le atañen o las sentencias del TSJ que le conciernen.  Si las contamos entonces son más las ocasiones en las que sÍ que pudo conocer “el fondo del asunto”.

También puede ser  que  lo que haya pasado es que se haya distraído en ocho ocasiones, que todo puede pasar, ya se sabe.  No obstante, y como mínimo, alguien debería de decirle a la DGLPA dándole en la manita, aquello de “eso no se hace” para que no lo vuelva a hacer más.

Lo que está en juego es nada más y nada menos que el INTERÉS GENERAL.

 

LA RESPONSABILIDAD  PATRIMONIAL DE LA ADMINISTRACIÓN.

 

El nefasto funcionamiento de un órgano de la Administración  ha provocado que un contribuyente para poder ver reconocido su derecho haya tenido que defenderse ante diferentes instancias,  con el consiguiente gasto económico, por algo que nunca debió ni de comenzar. Por supuesto que el contribuyente tendría derecho a pedir que se le indemnice por el daño ocasionado.

Pero es más, el pésimo funcionamiento de la DGLPA ha ocasionado un perjuicio también a la propia Administración al verse obligada esta a tener que acudir a las mismas instancias con el consiguiente gasto de medios materiales y humanos  pagados con el dinero de todos por algo que nunca debió de pasar. Para este supuesto y en el seno de la propia Administración existe otro tipo de responsabilidades exigibles a las personas que contribuyeron al pésimo comportamiento descrito.

La paradoja una vez más está en que son esas mismas personas las que todos los días exigen rigurosísimamente a los contribuyentes que cumplan con sus obligaciones y si no las cumplen, les exigen intereses, recargos o sanciones.

¿Que nos pasaría a cualquier si nos retrasamos un solo día en el cumplimiento de nuestras obligaciones?  ¿Si interpretamos mal la norma?

 

Ojalá  que ningún otro contribuyente tenga que pasar por el abusivo  procedimiento por  el que tuvo que pasar este ciudadano para no ver pisoteados   sus derechos.

DÁVIDE, de momento lo apunta en el debe y ya se sabe, suma y sigue que todo cuenta o contará.

Titular: 
RE: MENTIRAS ARRIESGADAS Y TIRO PORQUE ME TOCA (II)

y no se les cae la cara de vergüenza?

Ámbito: 
ESTATAL
Delegación: 
CANARIAS
Instancia: 
Dependencia de Gestión
Titular: 
MENTIRAS ARRIESGADAS Y TIRO PORQUE ME TOCA (I)

 

MENTIRAS ARRIESGADAS Y TIRO PORQUE ME TOCA (I)

 

Presentamos una nueva queja de la ya famosa Dependencia de Gestión de la AEAT de Canarias en Las Palmas en adelante la DGLPA.

Nuevamente nos encontramos ante un caso de “ALTA INCOMPETENCIA  ADMINISTRATIVA”, en el mejor de los planteamientos aunque  seguramente habrá alguien lo denomine con otros calificativos más duros.

Un contribuyente recibe una notificación de inicio de un procedimiento sancionador, que nunca debió recibir por estar prescrita (¿1ª  manifestación de incompetencia?)

El  artículo 69  de la Ley General Tributaria establece que cuando  la Administración tenga conocimiento de que se ha producido la prescripción la debe de aplicar de oficio y sin necesidad de que la invoque el contribuyente.

Sin embargo, de la actuación de la DGLPA, pareciera desprenderse que no solo hay que invocarla, sino que hay que mendigarla como luego se verá.

El contribuyente se da cuenta de que el derecho de la AEAT para sancionarlo había prescrito[1] y consecuentemente,  recurre la sanción ante la DGLPA. Esta,  entrando en el fondo del asunto, “incomprensiblemente” y pese a la claridad de lo expuesto,  resuelve acerca de otra cuestión que nada tiene que ver con lo que se solicita. No es una cuestión de interpretación de la norma, sencillamente el contribuyente recurre por una razón y  la DGLPA le contesta por otra completamente distinta (“¿2ª manifestación de  “incompetencia?”).

 

LA ADMINISTRACIÓN RECONOCE QUE NO SABE HACER SU TRABAJO ¡PERO QUE SE LE VA A HACER!

 

Una vez recibida la   resolución anterior, el contribuyente la recurre reiterándole sus pretensiones  a la DGLPA y  como dice el art 69 anteriormente citado, poniéndole en su conocimiento por segunda vez que se habían equivocado al responder a una cuestión cuando en realidad era otra (¿3ª manifestación de “incompetencia”?).

La Administración se escuda en que como estas segundas alegaciones se habían presentado fuera de plazo, no entró en el fondo del asunto  y desestimó sin más.

Posteriormente el contribuyente obligado por la resolución erronea tuvo que acudir al Tribunal Económico Administrativo Regional (TEAR) y al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJ) con el consiguiente desembolso económico. Es curioso por no decir otra cosa,  que El TEAR  y el TSJ de Canarias al plantearles la cuestión (la prescripción),  sin embargo sí que entraron en el “fondo del asunto” pese a que la cuestión que se debatía seguía siendo también  la extemporaneidad. Tanto el TSJ como el TEAR en sus resoluciones advierten a la DGLPA que el contribuyente tiene razón en cuanto a la prescripción. Por el contrario  para la DGLPA,   como es extemporáneo el recurso, entiende que ellos no se lo tienen que leer, que se lo lean el TSJ y el TEAR, pero ellos no, que no entran en el fondo del asunto. No cabe duda que  si reconocen que lo leen, entonces mucho  peor. En definitiva,  reconocen que no hacen bien su trabajo (¿4ª  manifestación de incompetencia?)

 

PREVARICACIÓN NO, SIMPLEMENTE SE EQUIVOCARON OCHO VECES.

 

Como no podemos pensar que la DGLPA  quiso actuar dictando una resolución injusta a sabiendas, porque eso sería prevaricar, queremos entender que simplemente es altamente incompetente. Porque de lo contrario esto sería objeto de otra rama del derecho, pero seguro que no es el caso. Lo que pensamos es que la DGLPA simplemente se equivoca hasta en ocho ocasiones por lo mismo, con el mismo contribuyente. Seguro que fue eso, un reiteradísima equivocación.

¿Que habría pasado si es el contribuyente el que se equivoca una sola vez?

Al final y gracias a las denuncias formuladas al margen del circuito legalmente establecido para resolver este tipo de cuestiones, el contribuyente obtuvo la devolución de su dinero  con sus correspondientes intereses de demora, pese a que la resolución sobre la que recaía  la controversia era firme, dicho en otras palabras, pese a que estaba muerta y enterrada.

 


[1] Modo de extinguirse un derecho como consecuencia de su falta de ejercicio durante el tiempo establecido por la ley. Por  el  transcurso del tiempo establecido prescribe el derecho de quien lo tenía.